LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN UN MODELO EN DISCUSIÓN

LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN UN MODELO EN DISCUSIÓN

ANDREA SANDINO GARCÍA
SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS,
PEDAGÓGICOS Y CIENTÍFICOS - ADE

La Ley General de Educación 115 de 1994, identificó como poblaciones vulnerables, a las personas que, por su naturaleza o por determinadas circunstancias, se encuentran en desventaja con respecto al resto de la población, y mayormente expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden, definiendo modalidades de atención educativa para las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Es claro que la política educativa desde la década de los 90 ha llevado a poner en discusión los paradigmas de integración, vulnerabilidad e inclusión educativa, con reformas que se caracterizaron por su tendencia neoliberal. En este sentido no podemos hablar de que en Colombia exista algún matiz de inclusión social y menos educativa, pues exige cambios estructurales, demanda nuevas relaciones humanas basadas en una ética del bien común y la vida digna.

Los balances realizados por Vasquez (2015) plantean que en Colombia se han delegado la educación inclusiva a las secretarias de educación impulsando la tendencia neoliberal y descentralizadora, de forma tal que la administración e implementación de políticas, al igual que de recursos y otras funciones, recaen en las instituciones educativas, sin las condiciones mínimas, los profesionales de apoyo y  sin garantizar plenamente el derecho a la educación.

El modelo de educación inclusiva se ha considerado como un proceso en el cual el sistema educativo se debe adaptar a la diversidad de los estudiantes, no solo enfocado al cómo se educa un grupo especial de educados con características particulares o especiales, sino a todos, garantizándoles el derecho a una educación integral adaptada a sus propias necesidades. Los sujetos de la inclusión corresponden a todos los sectores que en algún momento han sufrido exclusión en la sociedad actual: desarraigados, mujeres y niñas, víctimas de violencia y desplazamiento, población LGBTI, personas con discapacidad y sus familias, entre otros. Estas múltiples opresiones deben ser reconocidas de manera interseccional, es decir que se integren las complejas diferencias en torno a prácticas educativas que transformen las realidades que viven los sujetos y comunidades a partir de los territorios que habitan.

La inclusión requiere mucho más que las frases grandilocuentes y los documentos académicos y estadísticos del Ministerio de Educación con los que se sustentan las Leyes, ejemplo de esto es el Decreto 1421 del 2017 que reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Decreto que refiere la legislación de más de una década del debate de inclusión, que define “adecuadamente” diferentes conceptos y establece de manera genérica los procedimientos básicos para favorecer el proceso de ingreso y permanencia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo. En este sentido es una base para demandar del Estado los mínimos establecidos como ley, sin embargo desde una postura de transformación social la concepción de una escuela incluyente debe ir mas allá de sistemas documentales, planes de mejoramiento, Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR y estadísticas.

En específico la inclusión de personas con discapacidad, requiere la integralidad de todos los actores funcionando con sincronía, facultades de educación fortalecidas con un enfoque de educación crítica y popular, prácticas transformadoras de los y las educadoras especiales, y otros profesionales de apoyo como psicólogas, y/o orientadores. Colegios con infraestructura accesible, materiales, propuestas pedagógicas incluyentes, tecnologías, profesionales formados para acoger la gran diferencia existente entre los sujetos don discapacidad (Física, motora, sensorial, psicosocial, intelectual). Así mismo instituciones especializadas públicas y gratuitas para grupos específicos de niños y niñas con particulares de apoyo, a quienes no les beneficia la escuela regular.

En la escuela la inclusión no se puede resumir en participación y desarrollo de habilidades sociales, lo que desafortunadamente en algunas prácticas se ha convertido en el estar en el aula, solo y junto al profesor, aislado de los demás, el niño que se convierte en una carga para la institución y que está allí por medio de derechos de petición y tutelas adelantadas por su familia. El lugar en la escuela de niños, niñas y jóvenes con discapacidad debe darse sobre la base de lograr un rol valorado, esto es que su presencia sea real, que participe y que aprenda, por lo tanto la formación en docentes, administrativos y directivos es fundamental, y esta formación debe asumirse por las facultades que forman profesores, así mismo la presencia de personas especializadas como docentes de apoyo para los ajustes académicos y la formulación y verdadera realización de los Piar, acompañado de los profesionales de soporte necesarios: psicólogos, orientadores, tiflólogos, terapeutas, intérpretes de señas, modelos lingüísticos, guiados por un formulación de una escuela que de valor a cada uno de sus estudiantes. Es importante precisar que no se trata de convertir la escuela en un centro de habilitación y rehabilitación, la escuela es un centro de aprendizaje y socialización donde se debe sentar las transformaciones culturales que den lugar a una verdadera inclusión social.

Por otro lado, el Estado debe garantizar ejercicios interinstitucionales efectivos y de fácil acceso donde los niños, niñas y jóvenes con discapacidad reciban atención en salud, y terapéutica oportuna, de calidad y con la frecuencia necesaria y específica para cada sujeto.  Apoyo a las familias y especialmente a las madres cuidadoras que se ven entre el dilema de estar con su hijo, incluso “atendiendo las necesidades de sombra en el colegio” o trabajar.

Desde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de Educación – ADE- en los pliegos de peticiones desde el año 2007 se viene trabajando en la exigencia de garantías y condiciones para la educación de niños con necesidades educativas especiales -NNEE-, llegando a algunos acuerdos con el gobierno de Colombia Humana con la vinculación de profesionales de apoyo y programas para algunas instituciones. Sin embargo, la Alcaldía de Enrique Peñalosa a partir de convenios y resoluciones desatendió a esta población reajustando el parámetro y dispersando a los niños, niñas y jóvenes en todos los colegios de la Ciudad. Hoy continuamos reivindicando y exigiendo a la administración distrital los siguientes aspectos:

1.      La contratación como planta fija de profesionales idóneos.
2.      La formulación clara de funciones de estos profesionales en el aula y en la Institución educativa.
3.      La disminución de los parámetros.
4.      Una proporción adecuada de profesionales de apoyo con el número, diversidad y característica especifica de estudiantes con discapacidad en las instituciones.
5.      Además de a garantía de una educación pública y de calidad en las facultades de educación y de formación de profesionales vinculados con procesos de inclusión.
Invitamos como Colectivo Nuevos Maestros por la Educación - Los Profes, a nutrir estas demandas, a movilizarnos, a apoyar los pliegos y a generar espacios de discusión con los actores involucrados, de forma tal que se pueda construir una política en el ámbito de inclusión educativa que mejore las condiciones, garantice el derecho a la educación y la dignificación del magisterio.

Bibliografía:   
 Vásquez-Orjuela (2015). Políticas de inclusión educativa: una comparación entre Colombia y Chile. Universidad Católica de Temuco, Escuela de Ciencias de la Salud, Temuco, Chile.
Colombia, Decreto 1421 de 29 de agosto 2017, Ministerio de Educación Nacional.

DOCUMENTO ELABORADO CON LA COLABORACIÓN DE LA ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN INCLUSIVA NAIR TOSCANO.
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