En el marco de los acuerdos de paz
entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente FARC-EP (Ver texto de los acuerdos), se estipula la intervención
estatal con programas sociales, infraestructura, salud y educación en las zonas
del territorio nacional históricamente afectadas por el conflicto armado; en
ese contexto, por medio del decreto 882 del 26 de mayo de 2017, se establece la
reglamentación para la prestación del servicio educativo y la provisión de
plazas docentes en dichas zonas.
