CUANDO LLEGUE LA FACTURA
A los docentes que apoyaron a Abelardo y a los dirigentes que no
estuvieron al frente
Sin
anestesia, pero sin odio
Profe, esto hay que decirlo sin anestesia, pero sin
odio. Usted podía votar por quien quisiera. Ese derecho nadie se lo quita. Pero
el voto no es una piedra que se lanza y desaparece. El voto Vuelve, y vuelve
convertido en decisiones, decretos, reformas, recortes, nombramientos que no
llegan, grupos que se fusionan, sedes que se apagan, compañeros que salen, plazas
que no se reponen, sindicatos que se desarticulan y una organización que puede
desaparecer.
Usted tal vez votó con rabia, tal vez votó cansado de
la salud del magisterio, de los problemas de la escuela, de la burocracia, de
los sindicatos, de los incumplimientos, de los discursos que ya no emocionan.
Ese malestar puede ser real. Pero aquí está el punto que duele y que hay que
nombrar, si ese malestar termina sirviendo para debilitar la escuela pública,
la factura no la pagarán los grandes opinadores ni los empresarios de la
educación, que serán quiénes más ganen, la pagará su institución, la pagará su
compañero, la pagará el estudiante que más necesita escuela pública. Y también
la puede pagar usted.
Debemos ser responsables, que nadie diga después que
no sabía hacia dónde podía moverse el sistema. La pregunta ya no es solamente
por quién votó cada quien. La pregunta es qué hará ahora cada docente si ese
proyecto empieza a cobrarle la factura a la escuela pública, al magisterio y a
las organizaciones sindicales.
1. Cinco
núcleos para entender la factura completa
El análisis se organiza en cinco núcleos de riesgo
porque la factura educativa que puede venir no cae en un solo lugar ni se
expresa en una sola medida. No se trata únicamente de sacar docentes
pensionados, ni solo de contratar cobertura, ni solo de hablar de bonos,
concesiones o evaluación. El problema es más profundo, puede estar en marcha una
reorganización del sistema educativo que golpee, al mismo tiempo, la escuela
pública, el trabajo docente, la igualdad educativa, el sentido mismo de educar
y la protección de los estudiantes.
Por eso hay que mirar el conjunto. La factura puede
empezar por la escuela pública, cuando pierde matrícula, presupuesto,
centralidad y futuro. Puede seguir por el magisterio, cuando se reducen plazas,
se presiona a pensionados, se debilita el Fondo de Prestaciones, se fragmenta
la contratación y se vuelve al maestro un costo. Puede afectar la igualdad,
cuando la libertad de elección funciona mejor para quienes tienen recursos y
deja a los más vulnerables en una escuela pública debilitada. Puede alterar el
sentido de educar, cuando la formación integral se reduce a productividad,
resultados y obediencia curricular. Y puede golpear la protección de niñas,
niños y jóvenes, cuando la escuela pierde capacidad de cuidado y los programas
de apoyo, formación y acompañamiento pasan a manos privadas.
La clave es entender que el daño posible no está en
una pieza aislada, está en la arquitectura completa. Si cada medida se mira por
separado, puede sonar técnica, moderna o razonable. Pero cuando se observan
juntas, aparece una misma dirección, menos Estado garante, menos escuela pública
como eje, menos planta oficial, más contratación, más mercado educativo y más
presión sobre el magisterio. Esa es la factura que hay que nombrar antes de que
llegue.
|
Núcleo |
Pregunta que surge |
Factura posible |
|
1. Escuela pública |
¿La reforma fortalece
la red oficial o la convierte en competidora residual? |
Concesiones,
cobertura contratada, bonos o recursos públicos hacia privados; pérdida de
matrícula, grupos y sedes. |
|
2. Magisterio |
¿El cambio
dignifica al maestro o lo vuelve costo flexible? |
Salida de
pensionados, no reposición de plazas, evaluación punitiva, precarización y
amenaza al Fondo de Prestaciones. |
|
3. Igualdad y territorio |
¿La libertad
será real para todos o solo para quienes pueden elegir? |
Selección
encubierta, abandono rural, inclusión sin recursos, primera infancia desigual
y etnoeducación debilitada. |
|
4. Sentido de educar |
¿Educamos para
democracia o solo para productividad? |
Currículo
estrecho, censura, desregulación y entrega de programas de apoyo y formación
a privados. |
|
5. Protección y datos |
¿La
modernización cuida o abre nuevas vulnerabilidades? |
Menos escuela
protectora, más operadores, más plataformas y datos de menores en circuitos
privados. |
Estos cinco núcleos deben leerse junto con cuatro
frentes concretos que hoy deben encender todas las alarmas del magisterio:
sacar a los docentes pensionados; entregar colegios en concesión, cobertura
contratada o bonos para privados; acabar o desmontar el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y trasladar programas de apoyo, acompañamiento y
formación docente hacia prestadores privados. Si esos cuatro frentes avanzan
juntos, la factura deja de ser hipótesis y empieza a convertirse en
arquitectura de gobierno.
No se necesita cerrar escuelas públicas para
debilitarlas; basta con quitarles matrícula, presupuesto, centralidad, planta
oficial y futuro.
2. Primer
núcleo: la escuela pública puede perder suelo sin que la cierren
La primera factura cae sobre la escuela pública. No
llega con un letrero que diga privatización. Llega con palabras más suaves,
libertad de elección, eficiencia, cobertura, alianzas, concesiones, bonos
educativos, subsidio al estudiante, optimización de infraestructura y uso de
capacidad instalada privada. El lenguaje parece técnico; el efecto puede ser
político, la escuela oficial deja de ser el eje común del derecho y pasa a
competir por matrícula frente a privados, operadores y prestadores mixtos.
Cuando el dinero sigue al estudiante y no fortalece
primero la red oficial, cada niño y joven se convierte en recurso en disputa.
Si una parte de la matrícula se mueve hacia colegios en concesión, cobertura
contratada o bonos para privados, la institución oficial empieza a perder piso.
Primero baja la matrícula. Luego se fusionan grupos. Después se reducen horas.
Más tarde no se reponen vacantes. Finalmente se dice que la planta ya no se
necesita en la misma proporción. Nadie dirá “estamos debilitando la escuela
pública”; dirán que “los números no dan”.
El docente que apoyó este proyecto debe mirar su
propia institución y hacerse una pregunta concreta, si mañana el Estado
financia cupos por fuera de la red oficial y su colegio pierde una quinta parte
de la matrícula, ¿qué pasa con los grupos, las sedes, los provisionales, los
orientadores, los docentes de apoyo, los proyectos pedagógicos y la comunidad?
La factura no llega como teoría. Llega como una sede que ya no abre, un
compañero trasladado, una vacante que no se nombra, un comedor que no se
construye, una biblioteca que nunca llegó.
Entregar colegios en concesión, expandir cobertura contratada
o crear bonos para privados no es una simple “opción más”. Puede ser la vía
para que el presupuesto público deje de construir capacidad pública. El Estado
paga, pero la escuela oficial no se fortalece. El país puede terminar
financiando educación, sí, pero no necesariamente escuela pública. Y una
educación financiada con dinero público pero organizada como mercado no
garantiza igualdad; puede profundizar segregación.
Cuando una escuela pública pierde matrícula por
cobertura contratada, no se pierde solo un número, se pierde presencia del
Estado en un barrio, una vereda o una comuna.
3.
Segundo núcleo: el maestro puede convertirse en costo
La segunda factura cae sobre el magisterio. El golpe
no necesita empezar con un decreto que diga “se acaba la estabilidad docente”.
Puede empezar con no reposición de vacantes, congelamiento de planta,
traslados, fusión de grupos, operadores de jornada única, cobertura contratada,
contratación de tutores, programas tercerizados y presión por resultados. El
estatuto puede seguir escrito mientras la base material que lo sostiene se
achica.
Cuando la educación se organiza como mercado de
prestadores, el salario docente deja de verse como inversión social y empieza a
verse como costo de operación. El docente estable, con prestaciones, sindicato
y derechos, puede ser presentado como caro, rígido o poco flexible. El
contratado por operador puede ser presentado como eficiente. Ahí está la trampa,
llamar modernización a lo que puede ser precarización.
Esta factura tiene ahora una escena concreta, docentes
pensionados afuera y plazas oficiales en riesgo. Si se presiona la salida de
docentes pensionados que todavía laboran, la pregunta central no es solo si
salen o se quedan. La pregunta que debe quemar por dentro al magisterio es qué
pasará con esa plaza. La Ley 1821 de 2016 fijó en 70 años la edad máxima de
retiro forzoso para quienes desempeñen funciones públicas. Antes de ese límite,
cualquier salida anticipada debe ser voluntaria, informada y sin presión
administrativa.
Si un docente pensionado sale y la plaza se conserva
como oficial para nombrar a un nuevo maestro, puede hablarse de relevo
generacional. Pero si esa plaza se congela, se borra, se cubre con horas, se
absorbe por reorganización, se entrega a un operador o se cubre mediante
cobertura contratada, entonces no hubo relevo: hubo reducción de planta
pública. El joven docente no necesita que se destruya la planta oficial para
entrar; necesita que las plazas sigan siendo públicas y se provean mediante
concurso y nombramiento.
Si un docente pensionado sale y su plaza no se
convierte en nombramiento oficial, no hubo relevo generacional: hubo reducción
de planta pública.
A esto se suma un tercer frente que toca directamente
la vida del maestro, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si se
intenta acabar, desmontar, fragmentar o sustituir el Fondo, el golpe no sería
solo administrativo. Sería un golpe a una conquista histórica del magisterio, a
su régimen prestacional, a su protección en salud, a sus cesantías, a su
jubilación, a su seguridad laboral y a la capacidad colectiva de defender
condiciones específicas para una profesión sometida a alto desgaste físico,
mental y emocional.
Quien crea que atacar el Fondo solo afecta a “otros”
no ha entendido la factura. Si se debilita el Fondo, se debilita una de las
estructuras que materializa derechos conquistados por la organización
colectiva. El docente que votó contra los sindicatos puede terminar
descubriendo que muchos de los derechos que daba por naturales existían porque
hubo sindicato, pliego, paro, negociación, movilización y memoria de lucha.
4. Tercer
núcleo: la libertad puede volverse selección y abandono
La tercera factura cae sobre la igualdad y el
territorio. “Libertad de elección” suena bien, pero un docente sabe que la vida
real no empieza igual para todos. Una familia con carro, internet, redes,
tiempo e información puede comparar colegios, leer resultados y asumir costos.
Una familia pobre muchas veces no elige, toma lo cercano, lo que tenga cupo, lo
que no cobre costos ocultos o lo que acepte a su hijo.
En un sistema competitivo no solo eligen las familias;
también pueden elegir las instituciones. La selección encubierta puede aparecer
con entrevistas, pruebas, uniformes costosos, transporte no cubierto, manuales
rígidos, ausencia de apoyos para discapacidad o criterios de “perfil
institucional”. El estudiante con discapacidad, rezago, pobreza, afectaciones
emocionales o problemas de convivencia puede volverse “costoso” para quien
compite por indicadores.
¿Dónde terminarán esos estudiantes? Probablemente en
la escuela pública que no puede seleccionar, que recibe, que contiene, que
incluye y que carga con el dolor social del territorio. Pero si esa misma
escuela pública pierde matrícula, presupuesto, planta y prestigio, el sistema
la convierte en depósito de lo que el mercado educativo no quiere atender. Esa
es una factura moral enorme.
La ruralidad desnuda la mentira de una libertad
puramente formal. En muchas veredas no hay varias opciones educativas. Hay una
escuela, a veces multigrado, con distancias largas, transporte difícil,
conectividad débil y escasa presencia estatal. Allí no sirve hablar de
competencia. Si el Estado no invierte directamente, no hay derecho real. La
escuela rural no necesita bonos para escoger entre ofertas inexistentes;
necesita Estado, docentes, transporte, alimentación, infraestructura,
conectividad y continuidad.
También están la primera infancia, la inclusión y la
etnoeducación. Si la cobertura inicial se expande por privados o convenios
inestables, la desigualdad empieza desde los primeros años. Si la inclusión se
declara sin docentes de apoyo, orientación, intérpretes, infraestructura,
transporte y financiación diferenciada, se convierte en una carga moral sobre
el maestro. Si la competencia impone currículos homogéneos, las comunidades
indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas pueden perder
autonomía cultural y lingüística.
La libertad de elegir no sirve de mucho cuando la
pobreza, la ruralidad o la exclusión ya eligieron por usted.
5. Cuarto
núcleo: la escuela puede dejar de formar ciudadanía
La cuarta factura cae sobre el sentido de educar. El
docente que celebró la educación productiva debe preguntarse qué queda por
fuera cuando todo se ordena alrededor de empleabilidad, resultados, tecnología,
eficiencia y competencias rápidas. La escuela no existe solo para producir
trabajadores adaptables. También existe para formar ciudadanía, pensamiento
crítico, sensibilidad ética, memoria, arte, cuerpo, palabra, ciencia, cuidado,
convivencia y democracia.
Cuando todo se mide por resultados, la escuela se
estrecha. Se enseña para la prueba, se evita lo que no puntúa, se sacrifica lo
que incomoda, se relegan artes, educación física, literatura, filosofía, historia,
educación sexual integral, memoria y paz. El estudiante deja de ser sujeto de
formación integral y empieza a ser indicador. El maestro deja de ser trabajador
intelectual y empieza a ser ejecutor de metas.
Aquí aparece otro frente concreto, pasar los programas
de apoyo, acompañamiento y formación a privados. Si la formación docente, los
apoyos pedagógicos, la orientación, la innovación, la jornada complementaria,
la inclusión, la tecnología educativa, los materiales y los procesos de mejoramiento
terminan en manos de operadores, consultoras, fundaciones o empresas, el
sistema público pierde capacidad pedagógica propia. La formación deja de ser
política pública construida con maestros y universidades públicas, y se
convierte en paquete contratado.
Eso puede sonar inofensivo, cursos, diplomados,
plataformas, asesorías, talleres, acompañamientos. Pero si el Estado deja de
construir saber pedagógico público y se limita a comprar servicios de
formación, el magisterio queda sometido a agendas externas. Lo que debería
fortalecer la autonomía docente puede convertirse en transferencia de modelos,
certificaciones, indicadores y contratos. La pregunta es quién define la
formación del maestro: ¿el saber pedagógico, la escuela y la comunidad
educativa, o el mercado de consultorías?
El discurso contra las “imposiciones ideológicas”
también debe mirarse de frente. Nadie está defendiendo adoctrinamiento
partidista. Pero enseñar derechos humanos, educación sexual integral, igualdad
de género, diversidad, memoria histórica, paz, ciencia y pensamiento crítico no
es adoctrinar. Adoctrinar es prohibir preguntas, censurar derechos y convertir
la escuela en un lugar donde solo se puede decir lo que no molesta al poder o a
ciertos sectores morales.
La escuela no adoctrina cuando enseña derechos;
adoctrina cuando prohíbe pensar.
6. Quinto
núcleo: menos protección y más negocio con datos
La quinta factura cae sobre la protección de los
estudiantes y los datos. La escuela pública no solo enseña. Detecta abuso,
hambre, violencia intrafamiliar, riesgo de reclutamiento, consumo problemático,
abandono, depresión, ideación suicida y múltiples formas de vulneración. Esa
protección depende de presencia cotidiana, memoria institucional y vínculo
entre docentes, orientadores, directivos, estudiantes y comunidad.
Cuando la prestación educativa se fragmenta entre
operadores, privados, plataformas y contratos, se abren grietas. ¿Quién
responde si un estudiante deja de asistir? ¿Quién conoce a la familia? ¿Quién
activa la ruta si hay violencia? ¿Quién hace seguimiento? ¿Quién sostiene el
vínculo cuando el contrato termina? La protección no se garantiza solo con
protocolos; se garantiza con adultos estables que conocen a los estudiantes y
con instituciones públicas que permanecen.
Si los programas de apoyo psicosocial, formación,
orientación, acompañamiento académico o inclusión se trasladan a privados, el
sistema puede terminar lleno de contratos y vacío de responsabilidad pública
estable. Un operador puede cumplir indicadores de atención, pero no
necesariamente construir vínculo. Una plataforma puede generar reportes, pero
no reemplaza al orientador que conoce al estudiante. Una consultoría puede
entregar productos, pero no sostiene comunidad.
La modernización tecnológica también puede traer
factura. Las plataformas pueden ayudar, pero los datos de menores son
información sensible: aprendizaje, comportamiento, ubicación, familia, salud,
desempeño, hábitos y emociones. Sin reglas estrictas, esos datos pueden ser
perfilados, comercializados, filtrados o usados para clasificar estudiantes. El
negocio educativo del futuro no solo vende cupos o programas; también puede
vender información.
No toda modernización es progreso. A veces modernizar
significa poner lenguaje nuevo a viejas desigualdades.
7. La
factura sindical: dirigentes que no estuvieron al frente
Pero la factura no se le cobra solo al docente de
base. También hay que decirlo, hubo dirigentes sindicales que no estuvieron a
la altura. Dirigentes que sabían lo que estaba en juego y aun así no asumieron
con fuerza la orientación del sindicato. Dirigentes que dejaron sola a la base.
Dirigentes que no fueron a explicar, a discutir, a formar, a escuchar, a
disputar el malestar. Dirigentes que prefirieron la comodidad de la ambigüedad
antes que el costo de ponerse al frente.
No se trataba de obligar a nadie a votar. No se
trataba de convertir el sindicato en comité electoral. Se trataba de cumplir
una tarea histórica, decirle al magisterio que cuando un proyecto político
amenaza la escuela pública, la estabilidad docente, el Fondo de Prestaciones,
la planta oficial, el sindicato y el derecho a la educación, la neutralidad no
es prudencia; puede ser abandono.
Mientras la derecha hablaba con rabia, miedo, castigo
y promesas simples, muchos dirigentes hablaron tarde, hablaron poco o hablaron
solo entre convencidos. Mientras una parte del magisterio se sentía
traicionada, cansada o furiosa, faltó conducción pedagógica, faltó presencia, faltó
conversación en la institución, faltó explicar que no era un voto de
obediencia, sino de defensa propia. Y cuando la dirigencia no está al frente,
el vacío lo llenan otros.
Esa también es una factura. Porque un sindicato no
existe solo para aparecer en marchas. Existe para formar conciencia, leer el
momento histórico, cuidar a su base incluso cuando la base está confundida,
decir verdades incómodas antes de que el daño llegue y organizar defensa antes
de que la reforma se vuelva irreversible. Si un dirigente no asume esa tarea,
no puede después limitarse a decir “la gente no entendió”. La pregunta es:
¿quién estuvo ahí para ayudar a entender?
8.
FECODE: piedra angular y blanco de ataque
Ahora FECODE queda en el centro de la historia. Y no
por romanticismo sindical. Queda en el centro porque si viene una reforma que
empuja la educación hacia cobertura contratada, concesiones, bonos para
privados, subsidio a la demanda, evaluación punitiva, reducción de planta,
ataque al Fondo de Prestaciones y privatización de programas de apoyo y
formación, no hay defensa individual posible. Un docente solo no detiene eso.
Una institución sola no detiene eso. Un sindicato municipal aislado no detiene
eso. Se necesita una columna nacional. Esa columna es FECODE.
FECODE tiene que ser piedra angular de cuatro defensas
inseparables: defensa de la escuela pública, defensa de los derechos laborales
y prestacionales del magisterio, defensa de las organizaciones sindicales y
defensa de sí misma como organización nacional. Porque el ataque que puede
venir no será solo administrativo. Puede venir desde todos los flancos:
gobierno, Congreso, medios, redes sociales, discursos de “privilegios”,
litigios, secretarías, operadores privados, sectores empresariales, opinión
pública y campañas de desprestigio contra el sindicato.
Atacar a FECODE no será un asunto simbólico. Si logran
aislarla, deslegitimarla o presentarla como obstáculo, se facilita el camino
para reducir planta, fragmentar el magisterio, debilitar el Fondo, entregar
programas a privados y convertir la defensa de derechos en queja individual.
Por eso FECODE debe defenderse a sí misma, pero no puede hacerlo sola. Los
docentes también tienen que defenderla críticamente. Defender a FECODE no
significa callar sus errores ni renunciar a exigirle democracia interna,
pedagogía, transparencia y presencia territorial. Significa entender que, si
destruyen la organización nacional del magisterio, cada docente queda más solo
frente al Estado, los operadores y el mercado educativo.
FECODE no puede limitarse a resistir con comunicados.
Tiene que organizar una defensa nacional, pedagógica, jurídica, territorial y
comunicativa. Tiene que volver a las salas de profesores. Tiene que hablarle al
docente que votó con rabia, no solo al convencido. Tiene que vigilar cada
plaza, cada convenio, cada bono, cada concesión, cada reforma al Fondo, cada
contrato de formación privada, cada programa de jornada única tercerizada y
cada intento de debilitar el currículo democrático.
Un docente solo no detiene una reforma estructural.
Una institución sola no detiene una reforma estructural. Se necesita
organización nacional, y esa columna es FECODE.
9. Cuatro
frentes que deben encender la alarma
1. Sacar a los pensionados: La salida de docentes pensionados puede presentarse
como relevo generacional. La pregunta es si cada plaza se conserva como oficial
y se provee con nombramiento, o si se borra, se congela o se reemplaza por
cobertura contratada.
2. Entregar colegios en concesión, cobertura
contratada o bonos privados: El
discurso será libertad, eficiencia o ampliación de cobertura. La factura puede
ser traslado de recursos públicos hacia prestadores privados y debilitamiento
de la red oficial.
3. Acabar o desmontar el Fondo de Prestaciones del
Magisterio: El discurso
puede ser sostenibilidad, eficiencia o igualdad con otros regímenes. La factura
puede ser pérdida de una conquista colectiva y debilitamiento de derechos
laborales, prestacionales y de salud.
4. Pasar programas de apoyo y formación a privados: El discurso será innovación, acompañamiento, calidad y
tecnología. La factura puede ser privatización del saber pedagógico,
dependencia de consultorías, debilitamiento de universidades públicas, menor
autonomía docente y más contratos.
Estos cuatro frentes no deben verse separados. Juntos
forman una ruta: se reduce planta oficial, se mueven estudiantes y recursos
hacia privados, se debilita la protección prestacional del magisterio y se
terceriza el apoyo pedagógico. Así se puede conservar una apariencia de
educación pública mientras se vacía su contenido.
10. Lo
que no podrán decir después
Si mañana no reponen la plaza de su compañero, no mire
para otro lado. Si mañana la jornada única llega con operador y no con docentes
nombrados, no aplauda la modernización. Si mañana la evaluación se vuelve
castigo, no diga que era solo por calidad. Si mañana la escuela rural queda
abandonada porque allá no hay mercado, no diga que la libertad de elección era para
todos. Si mañana un joven docente entra precarizado porque la plaza oficial
desapareció, no diga que hubo relevo generacional. Si mañana la escuela pública
queda como refugio de quienes nadie más quiso recibir, no diga que eso es
libertad.
Ese día la factura habrá llegado. Pero la factura no
tiene que destruirnos. Puede servir para despertar. Puede servir para que el
docente que se equivocó vuelva a ponerse del lado de su escuela. Puede servir
para que el dirigente que se escondió entienda que dirigir no es cuidar imagen,
sino asumir riesgos. Puede servir para que FECODE y los sindicatos
territoriales recuperen la tarea central: defender la educación pública antes
de que el daño sea irreversible.
·
No
podrán decir “yo no sabía” si ya se advirtió que el dinero siguiendo al
estudiante puede debilitar la escuela oficial.
·
No
podrán decir “era solo libertad” si esa libertad funciona para quienes tienen
carro, información, tiempo y dinero, mientras los pobres aceptan lo que queda.
·
No
podrán decir “yo quería relevo generacional” si las plazas de docentes
pensionados no se convierten en nombramientos oficiales.
·
No
podrán decir “era por mejorar calidad” si la evaluación se vuelve presión,
ranking, castigo y culpabilización docente.
·
No
podrán decir “la escuela pública no se iba a tocar” si se reduce matrícula, se
fusionan grupos, se cierran sedes o se reemplaza planta con cobertura
contratada.
·
No
podrán decir “eso no era contra los maestros” si el salario empieza a tratarse
como costo, la estabilidad como rigidez, el Fondo como gasto y el sindicato
como estorbo.
·
No
podrán decir “era modernización” si la tecnología termina sirviendo más a
plataformas, datos y contratos que a pedagogía, inclusión y democracia.
·
No
podrán decir “FECODE no hacía falta” si la dispersión del magisterio permite
que cada docente enfrente solo los efectos de la reforma.
·
No
podrán decir “la formación docente se fortaleció” si los programas de apoyo y
acompañamiento se vuelven negocio privado y pierden raíz pedagógica pública.
11.
Todavía hay una salida: hacerse cargo y exigir garantías
Tocar el hueso no significa condenar a nadie para
siempre. Un docente puede revisar su posición. Puede reconocer que el malestar
era real, pero que el camino elegido puede traer un costo demasiado alto. Puede
dejar de defender ciegamente al gobierno que apoyó y empezar a exigirle
garantías concretas. Esa es una forma de responsabilidad, no de derrota.
El magisterio no debe defender la escuela pública tal
como está ni aceptar cualquier reforma porque llega con palabras modernas. Debe
disputar el sentido del cambio. Si el gobierno habla de calidad, que muestre
presupuesto. Si habla de libertad, que garantice igualdad. Si habla de relevo,
que nombre docentes. Si habla de evaluación, que reconozca contexto. Si habla de
tecnología, que proteja datos. Si habla de jornada única, que fortalezca la red
oficial. Si habla de sostenibilidad del Fondo, que no destruya derechos. Si
habla de formación, que no entregue el saber pedagógico a consultoras.
La tarea de FECODE y de los sindicatos territoriales
es organizar esa exigencia. Y la tarea de los docentes es defender sus
organizaciones cuando venga el ataque. No una defensa muda ni burocrática, sino
una defensa crítica, activa, consciente y democrática. Defender el sindicato no
es defender una sigla por orgullo. Es defender la herramienta que permite que
el maestro no quede solo.
Exigencias
mínimas que deben hacerse desde ya
·
Escuela
pública oficial como eje del sistema, no como opción residual del mercado.
·
Prioridad
presupuestal verificable para infraestructura, alimentación, transporte,
orientación, inclusión, bibliotecas, laboratorios, arte, deporte y tecnología
pública.
·
Prohibición
de reducir planta oficial por traslado de matrícula hacia privados, mixtos,
operadores, concesiones, bonos o cobertura contratada.
·
Toda
plaza liberada por retiro, pensión, renuncia o edad de retiro forzoso debe
conservarse como plaza oficial y proveerse mediante nombramiento docente.
·
Defensa
integral del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y de los derechos
laborales, prestacionales y de salud del magisterio.
·
Condiciones
laborales dignas para todo docente financiado con recursos públicos: salario,
estabilidad, seguridad social, prestaciones y libertad sindical.
·
Reglas
estrictas contra selección encubierta, costos ocultos, discriminación y
expulsión indirecta de estudiantes con mayores necesidades.
·
Evaluación
formativa, contextualizada y orientada a apoyos, no a castigos, rankings ni
presión laboral individualizada.
·
Jornada
única pública, integral y con planta docente suficiente, no tercerizada como
paquete de servicios.
·
Programas
de apoyo, formación docente, orientación, inclusión e innovación bajo
conducción pública, con participación docente, universidades públicas y
comunidades educativas.
·
Protección
del currículo democrático: educación sexual integral, derechos humanos,
memoria, paz, ciencia, enfoque de género, artes, cultura, educación física e
interculturalidad.
·
Soberanía
pública de datos de menores, auditoría de plataformas y prohibición de uso
comercial de información estudiantil.
·
Participación
vinculante de docentes, FECODE, sindicatos territoriales, directivos,
orientadores, estudiantes, familias y comunidades en el diseño y seguimiento de
la política educativa.
·
Defensa
pública, jurídica, pedagógica y comunicativa de FECODE frente a ataques que
busquen aislarla, deslegitimarla o destruir la organización nacional del
magisterio.
Que duela
lo suficiente para reaccionar
La educación no es una mercancía. La escuela pública
no es una opción residual del mercado. Las familias no son simplemente
consumidoras. Los estudiantes no son portadores de subsidios. Los maestros no
son costos laborales. El Fondo de Prestaciones no es un privilegio caprichoso.
FECODE no es una sigla prescindible. La educación es un derecho fundamental y
una condición de la democracia.
Por eso, el docente que apoyó este proyecto tiene
derecho a defender su voto, pero también tiene el deber de responder por sus
consecuencias. Si la política educativa que viene debilita la escuela pública,
reduce planta, entrega colegios en concesión, expande cobertura contratada,
crea bonos para privados, presiona pensionados, reemplaza nombramientos, golpea
el Fondo, privatiza formación y apoyo pedagógico, castiga docentes por
resultados o entrega datos de menores a negocios privados, no bastará con decir
que eso no era lo que quería.
Querer castigar a un gobierno y terminar debilitando
la escuela pública sería una derrota demasiado costosa. Querer castigar a un
sindicato y terminar sin herramienta colectiva de defensa sería un error
histórico. Todavía estamos a tiempo de impedir que la factura la paguen los
estudiantes, los docentes, las comunidades y la educación pública.
La factura puede doler. Pero ese dolor todavía puede
servir para algo: despertar, organizarse y defender lo público antes de que el
daño sea irreversible.
Preguntas
para sala de profesores
·
Si
mi institución pierde matrícula por convenios, bonos o cobertura contratada,
¿qué pasa con mis compañeros y conmigo?
·
Si
salen docentes pensionados y no se nombran nuevos docentes oficiales, ¿a quién
benefició realmente esa salida?
·
Si
se desmonta o fragmenta el Fondo de Prestaciones, ¿qué derechos del magisterio
quedan en riesgo?
·
Si
los programas de apoyo y formación pasan a privados, ¿quién define la pedagogía
y quién se queda con los recursos?
·
¿Qué
estudiantes quedarían por fuera o concentrados en una escuela pública
debilitada?
·
¿Estoy
dispuesto a defender FECODE y exigirle que esté a la altura, o voy a esperar a
que cada docente quede solo frente a la reforma?
·
¿Estoy
dispuesto a exigir garantías al gobierno que apoyé, o voy a esperar a que el
daño llegue a mi
Nuevos
Maestros por la Educación
Julio de 2026
