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Desde el año 2017 la Secretaría de Educación del Distrito SED amparándose en la aplicación arbitraria y absurda del Decreto 915 de 2016 le ha negado la inscripción en el escalafón a decenas de profesionales que ganaron el concurso docente de 2012-2013.
Esta situación ha generado que desde 2018 la Administración Peñalosa haya desvinculado a 20 docentes, y los procesos de revocatoria de nombramiento continúan hasta la fecha. En el mes de agosto de 2019 ha desvinculado por lo menos a 4 docentes más.
La situación radica en que la SED (a diferencia de la inmensa mayoría de secretarías de educación del país), ha venido aplicando arbitrariamente el Decreto 915 de 2016 que recortó a menos de 1 año la acreditación del requisito pedagógico a los profesionales que ganaron el concurso de méritos.
Los profesionales que se posesionaron en 2016 en periodo de prueba del concurso de méritos 2012-2013, según la norma vigente para el momento de su nombramiento, tienen hasta la finalización del año lectivo siguiente, es decir hasta finales de 2017 para realizar un programa pedagógico de duración aproximada de 2 semestres, o la certificación de haber iniciado un posgrado en educación como requisito para ser inscritos en el escalafón 1278.
El 01 de junio de 2016 el Ministerio de Educación MEN expidió el Decreto 915 que fijaba el plazo de acreditar el requisito pedagógico, ya no para el siguiente año lectivo de nombramiento, sino para el momento de quedar en firme la calificación del periodo de prueba, que en términos prácticos significa que en menos de 1 año los profesionales no licenciados deben acreditar dicho requisito. El 30 de Diciembre de 2016 el MEN aclaró mediante circular que este decreto se debía aplicar a los concursos de méritos posteriores a su expedición y por tanto no se podían aplicar a los docentes de la convocatoria 2012-2013. Así lo acataron la inmensa mayoría de Secretarías de Educación del país.
Sin embargo, el 21 de febrero de 2017 la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC expidió una circular en la que señalaba que se les debía aplicar el Decreto 915 a los docentes nombrados en periodo de prueba de la convocatoria 2012-2013.
La aplicación absurda de este decreto a los docentes ganadores del concurso de méritos 2012-2013, llevó a que la SED no ascendiera automáticamente al grado 3 a los docentes que radicaron su título de maestría o doctorado durante el transcurso de 2107, afectándoles gravemente su salario porque fueron inscritos en el grado 2, y dejándolos con altas deudas debido a la inversión que hicieron en cursar posgrados.
Pero lo peor de esta situación la sufrieron y la siguen sufriendo los docentes no licenciados que fueron posesionados en el año 2016 porque nunca se les notificó que les habían cambiado las reglas del juego y que ya no tenían hasta finales del 2017 para acreditar el requisito pedagógico, sino que debían hacerlo como plazo máximo hasta el 20 de enero de 2017, momento en que quedaban en firme las calificaciones de periodo de prueba en Bogotá. La SED irresponsablemente le manifestó verbalmente y por escrito a varios docentes no licenciados en enero de 2017 que podían estar tranquilos porque en Bogotá se iba a aplicar la circular del MEN y por tanto podían allegar el requisito pedagógico durante el transcurso del año 2017.
Para ese momento todos los docentes no licenciados ya habían iniciado el programa pedagógico y esperaban entregarlo a la SED durante el transcurso de 2017 de acuerdo al calendario fijado por cada universidad donde realizaban el programa. La sorpresa ocurrió cuando muchos docentes que radicaron durante el 2017 la certificación de haber finalizado el programa pedagógico o de haber iniciado un posgrado en educación, empezaron a llegarle oficios de la SED en las que les decían que habían radicado la acreditación del requisito pedagógico ex-temporáneamente porque la Administración Peñalosa había decidido acogerse a la circular de la CNSC y no a la circular del MEN, y por tanto todos los docentes que radicaron la terminación del programa pedagógico o el inicio de un posgrado en educación después del 20 de enero de 2017, se les negaba la inscripción en el escalafón y se les iniciaba el proceso de revocatoria de nombramiento, es decir, su desvinculación laboral del distrito.
Allí empezó esta pesadilla para muchos docentes que han tenido que recurrir a abogados y han visto afectada su salud mental y su calidad de vida gravemente. Los docentes se sienten engañados y asaltados en su buena fe por una administración que presuntamente estaría utilizando el Decreto 915 para recortar la planta docente en aras de fortalecer la privatización de la educación a través de los colegios en concesión.
Hoy cursan varias demandas ante tribunales administrativos y el Consejo de Estado solicitando el reintegro de los docentes afectados por la presunta ilegalidad de la aplicación del 915 en Bogotá. La administración Peñalosa con estas medidas arbitrarias está poniendo en riesgo el presupuesto de los bogotanos, debido a que es muy probable que la justicia le dé la razón a los docentes y al final tenga que reintegrarlos y la ciudad deba asumir el costo económico de haber dejado sin trabajo injustamente a estos maestros y maestras. Cabe resaltar que en el año 2014, la Administración Distrital emitió un concepto y mediante acto administrativo inscribió y nombró en propiedad a más de 80 docentes que habían acreditado ex-temporáneamente el requisito pedagógico; lo que evidencia que la SED a pesar de que tiene las herramientas jurídicas para inscribir en el escalafón y nombrar en propiedad a los docentes de la convocatoria 2013-2013, no lo hace y esto mostraría la verdadera intencionalidad del alcalde Enrique Peñalosa con la aplicación de dicho decreto. Según las fuentes consultadas, solamente en Quindío, Barranquilla y Bogotá las secretarías de educación han aplicado el decreto 915 y solamente en Bogotá han desvinculado laboralmente a los maestros.
Y el sindicato?
La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación - ADE -incluyó en su pliego de peticiones la exigencia de reintegrar a los docentes a los que se les revocó el nombramiento, y detener la desvinculación laboral de otros maestros a los que se les ha negado la inscripción al escalafón, sin embargo la SED se ha cerrado a cualquier tipo de negociación sobre esta grave situación. Así mismo solicitamos a FECODE que retome le exigencia al gobierno de revisar la aplicación retroactiva del Decreto 915 y que tome cartas en el asunto para evitar la desvinculación de más maestros y reversar esta masacre laboral.
